Carlos Sabino
Profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala
¿Quién no está contra la corrupción? Todo el mundo
critica la apropiación de fondos públicos. Pero las
exhortaciones para que cese este mal y se castigue a los culpables no
tienen mucho efecto y derivan en medidas que no poseen la menor capacidad
real para combatirlo. Estos se apoyan en
razonamientos equivocados, en falacias.
Primera falacia: Hay que crear leyes y reglamentos
que controlen el gasto que se hace desde el gobierno. La experiencia muestra que la
mayor parte de estos controles se convierten, en
requisitos burocráticos que los corruptos saben eludir con soltura, mientras se
impone una pesada carga de ineficiencia a los funcionarios honestos y se
dificulta el avance de los asuntos públicos. El corrupto tiene a su disposición
buenos abogados –que puede pagar- y actúa de mala fe. Los
casos que se pueden procesar son pocos,
resultan difíciles de demostrar y recaen en funcionarios que lucraron con
fondos del estado sin poner mucho cuidado con lo que hacían. No es con un
exceso de leyes o complicados reglamentos que se puede vencer o reducir la
apropiación de los dineros públicos.
Segunda falacia: Las fuertes penas disuaden a los potenciales
corruptos de cometer actos ilícitos. El funcionario que se apropia del
dinero de los demás confía en que no será atrapado por sus acciones. Poco le
importa, pues sabe que una maraña de jueces, testigos, documentos amañados y
argucias legales lo absolverá. El corrupto, posee mucho dinero y le es fácil moverse en un
sistema donde también hay muchos otros corruptos que serán sus cómplices
potenciales.
Tercera falacia: Nuestros países no progresan por causa de la
corrupción. Ni la historia ni el análisis del gasto público confirman en
absoluto esta afirmación. Gran parte del dinero público es gastado
imprudentemente -casi siempre se dice con las mejores intenciones- y retarda
más bien el desarrollo económico. La mayor parte del dinero que recibe el
gobierno es gastado en burocracia, en la realización de actos y eventos públicos que de poco sirven, en subsidios que crean
privilegios pero no mejoran la calidad de vida, en programas sociales que se
convierten en desaguaderos de inmensas sumas y no combaten ni la pobreza ni la
desigualdad, pero sí alimentan las ambiciones políticas de altos funcionarios, con
empresas públicas que prestan malos servicios y arrojan constantes pérdidas. No es
combatiendo la corrupción que se logrará el desarrollo – muchos países han
avanzado económicamente de modo notable a pesar de ser muy poco transparentes-
alentando las inversiones, dando seguridad a la propiedad privada, cobrando
impuestos razonables y controlando el volumen y la orientación del gasto
público.
¿Qué hacer entonces? La solución no es sencilla, pero existen dos maneras directas de controlar
y reducir la corrupción: limitando la acción del estado a lo que es esencial y
movilizando a la ciudadanía para imponer un control social sobre los corruptos.
Paraguay, en estos días, nos ha dado un
magnífico ejemplo de cómo puede ejercerse el
control social sobre los corruptos: restaurantes, cines y toda clase de
comercios se han negado a atender a los senadores que protegieron a un colega
acusado de un claro caso de corrupción. De este modo los paraguayos han
mostrado a los funcionarios y políticos de alto rango –que al fin y al cabo
son nuestros empleados- el repudio que sentimos cuando usan para
su propio beneficio los recursos que, mediante nuestro trabajo, hemos aportado
al gobierno a través de nuestros impuestos.
La pregunta es obvia, como andamos en casa, como anda
este tema en el país?
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